La pareja de Ayuso, ante Hacienda: “No era consciente de lo grave de la situación”

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, intentó en septiembre de 2022 corregir mediante una regularización extraordinaria el supuesto fraude que había cometido dos meses antes al declarar unos gastos inexistentes de su empresa Maxwell próximos al millón de euros para reducir así al mínimo su factura del Impuesto de Sociedades de 2021. Pero su asesora fiscal le dijo que esa “regularización” que pretendía hacer para evitar el castigo de la Agencia Tributaria era imposible porque Hacienda llevaba meses investigándole por la declaración fiscal del año anterior en la que también había incluido otro gasto inexistente de 620.000 euros. La asesora le explicó que no se podía ni se debía hacer [la regularización] y, además, podía ser “malinterpretado”, según le explicó el representante de González Amador a la Agencia Tributaria. La Ley prohíbe expresamente una regularización cuando la Agencia Tributaria o la Fiscalía han comunicado al contribuyente que tiene una investigación abierta.

El abogado de González Amador escribió en las alegaciones presentadas ante Hacienda, cuyo contenido ha conocido EL PAÍS, que su cliente “no era consciente de la gravedad de su situación” y que de haberlo sido, habría devuelto antes el dinero defraudado a Hacienda. La pareja de Ayuso insistió en que lo que hizo —declarar gastos falsos durante dos ejercicios consecutivos por casi 1,7 millones— era sólo un “error de contabilización”.

Cuando comprobó que los inspectores fiscales tenían todas las pruebas del fraude y las trasladaron a Fiscalía para la presentación de una querella por fraude fiscal, su abogado admitió que González Amador cometió dos delitos y propuso un acuerdo: su cliente reconocería la culpa, pagaría una multa a cambio de reducir así la pena de cárcel a ocho meses lo que evitaría su ingreso en prisión.

González Amador mantiene todavía hoy esta estrategia de defensa para cerrar cuanto antes el caso con un acuerdo de conformidad que deben suscribir la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

El empresario, acorralado por la inspección fiscal y por más de una decena de facturas que nunca pagó a nadie pero que le sirvieron para ahorrarse impuestos en sus declaraciones de 2020 y 2021, decidió declarar en julio de 2023 unos ingresos que nunca tuvo por el valor de todos los gastos falsos que se había deducido dos años antes, lo que dio como resultado un pago a Hacienda de 629.408 euros.

Con esa maniobra intentaba paliar las consecuencias judiciales que se podían derivar de los supuestos fraudes fiscales que había perpetrado en sus declaraciones del Impuesto de Sociedades de los ejercicios de 2020 y 2021. Esa declaración fiscal no coló y Hacienda ordenó devolver a González Amador 552.000 euros. El empresario está imputado por dos delitos fiscales.

Su pareja, Isabel Díaz Ayuso, resumió esta situación con una mentira gruesa. No sólo negó el fraude que González Amador ya había reconocido ante la Agencia Tributaria, sino que afirmó que Hacienda debía a su pareja 600.000 euros después de una inspección fiscal “salvaje” y “sacada de quicio”.

González Amador acabó admitiendo el fraude tras 20 meses de inspección fiscal, aunque hasta el último momento lo denominó un “error de contabilización (...) sin intención de cometer un fraude delictivo”. Pero su abogado acabó concluyendo que el empresario había cometido “dos delitos” que estaba dispuesto a confesar.

La juez que instruyó la querella de la Fiscalía decidió encausar al empresario. González Amador intenta desde entonces llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y la Abogacía del Estado para rebajar la pena de cárcel que le podría corresponder (al menos dos años por dos delitos fiscales) a sólo ocho meses a cambio de confesar los delitos y pagar una multa de casi 500.000 euros. Mas Madrid y PSOE, personados como acusación popular en este caso, han pedido a la Audiencia Provincial que se investiguen más delitos de González Amador.

EL PAÍS ha conocido los principales detalles de la inspección fiscal abierta a la empresa de González Amador desde el 4 de mayo de 2022 hasta el 23 de enero de 2024. Son los que siguen

La apertura de la primera inspección fiscal coincide con el segundo engaño a Hacienda. Hacienda comunicó a González Amador el 4 de mayo de 2022 que le había abierto una inspección por las declaraciones del Impuesto de Sociedades de su empresa de los ejercicios 2019 y 2020. La primera cita entre el empresario y los inspectores que investigaban el fraude se produjo el 27 de junio de 2022.

En la declaración presentada en julio de 2021 (correspondiente al ejercicio de 2020), Amador había incluido un gasto inexistente de 620.000 euros por los servicios de la empresa mexicana MKE. En julio de 2022, un mes después de que Hacienda le hubiera abierto una inspección por la declaración del año anterior, González Amador volvió a cometer el mismo “error”, según su propia calificación, al incluir en su declaración del Impuesto de Sociedades de 2021 otro gasto inexistente de 922.585 euros a favor de Gayani, una empresa de Costa de Marfil.

Hacienda comenzó entonces sus requerimientos de información a González Amador. Quería saber cuál era la actividad de Maxwell Cremona, una empresa sin empleados y creada en 2017. Amador contó que Maxwell asesoraba a empresas, principalmente el grupo sanitario Quirón, para obtener sellos de calidad. No tenía trabajadores en nómina porque contrataba a autónomos “de reconocido prestigio en el sector” para proyectos puntuales. Tampoco tenía una titulación porque, explicó, no es necesaria. Él hace un trabajo inicial para que, luego, una empresa acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación remate el proyecto y el cliente obtenga un certificado de calidad.

El negocio millonaro de la venta de mascarillas y la sospecha de la inspección fiscal. Uno de esos negocios ajenos a la actividad habitual de González Amador y su empresa fue una intermediación en la compraventa de mascarillas. Consiguió 1,9 millones de euros (el 4,5% del monto global de la operación) al poner en contacto a FCS —cuyo empresario, Felipe Recio, logró colocar cientos de millones de mascarillas al ministerio de Sanidad en plena pandemia— con la sanitaria gallega Mape. Esta compañía tiene como directivo a Fernando Camino, ejecutivo de Quirón Prevención. La carrera profesional de Camino está muy ligada a la de Amador.

Hacienda se extrañó del origen de esta operación, fechada por Amador en enero de 2020. Los inspectores se sorprendieron del poder de predicción del empresario, quien aseguraba que dos meses antes del estado de alarma en España ya estaba moviendo hilos para abastecer al mercado nacional. La respuesta que da Amador a Hacienda le presenta como un visionario: “Se veía claramente que el mercado iba a estar roto en el muy corto plazo, como ya había ocurrido en ocasiones anteriores así que la situación aconsejaba actuar con total celeridad, más si tenemos en cuenta que el mercado asiático como había ocurrido en ocasiones anteriores es muy complejo por diferentes motivos”.

Su respuesta resaltaba la importancia de cazar oportunidades y describía una operación en la que participaron cuatro empresas y que acabó decidiéndose en Estados Unidos tras una reunión presencial en Nueva York el 23 de enero de 2020 y el cierre del acuerdo el 25 de enero de 2020. Los máximos responsables de FCS y Mape negaron a EL PAÍS que el contrato se acordara en esa fecha y aseguraron que se cerró en marzo.

A continuación, Hacienda pasó a examinar los gastos de Maxwell en 2020, que son los que le permitieron rebajar su cuota fiscal en ese año de bonanza. A la inspección le llamó la atención una factura de 620.000 euros que iba a meter en problemas a Amador porque los inspectores fiscales consideraron que en la conducta del empresario entraba en juego la mala fe. La factura correspondía a un supuesto pago —que nunca se hizo— a la mexicana MKE, dedicada a la exportación a Estados Unidos de leche, hortalizas, aceite de soja, harinas y cajas de cartón. Amador presentó un contrato del 26 de octubre de 2020 por el que encomendó a MKE que le buscara en la sanidad pública mexicana la oportunidad de vender sus “proyectos de excelencia sanitaria”, a cambio de una comisión por cada cliente encontrado. 24 días después, el 20 de noviembre, Maxwell recibió una factura de MKE que no especificaba cliente ―simplemente “administraciones públicas”― y definía genéricamente el servicio. Al cierre del ejercicio 2020, González Amador la incluyó como gasto deducible, aunque nunca pagó esa cantidad a nadie, al presentar la declaración del Impuesto de Sociedades en julio de 2021.

El fraude de Costa de Marfil y la regularización imposible. González Amador reconoció a la Agencia Tributaria en una respuesta de 2023 que su intento de negocio en Costa de Marfil —vender vacunas de Astra Zeneca a 15 euros la unidad— fracasó y, por tanto, no tuvo que pagar 922.585 a una empresa intermediaria que supuestamente le iba a conseguir el contrato. Pero incluyó ese gasto como deducible en su declaración del Impuesto de Sociedades de 2021. El empresario explicó a Hacienda que en septiembre de 2022 se dio cuenta de que no iba a conseguir el contrato de Costa de Marfil e intentó reparar el supuesto fraude a Hacienda cometido dos meses antes con una “regularización” o “declaración complementaria”, eliminando esa factura. Pero su asesora fiscal le recordó que eso no era posible. Así se lo explican a la Agencia Tributaria: “A la vuelta a la actividad cotidiana en el mes de septiembre 2022 y una vez verificado que el concurso no va a ser finalmente adjudicado a nuestra empresa, mediando la anulación de la deducción de dicha factura y la presentación de una nueva declaración complementaria, pero consultado el tema con la asesora de la sociedad, ésta nos indica que ya no se puede ni se debe hacer, toda vez que la sociedad Maxwell está ya inmersa en una inspección fiscal que ha sido finalmente ampliada a ese ejercicio y la realización de cualquiera variación o modificación respecto de lo inicialmente presentado, ni se debe hacer, ni tiene efecto alguno, e incluso se puede malinterpretar”. La Ley impide expresamente una regularización fiscal cuando el contribuyente ya conoce que le están investigando por fraude.

Los inspectores fiscales pidieron a González Amador una prueba documental de que la empresa intermediaria de Costa de Marfil hubiera exigido el pago de 922.585 euros antes incluso de conseguir el contrato de la venta de mascarillas. Pero la prueba documental no existía, según respondió el abogado de González Amador: “Como se ha explicado en otras diligencias, esas exigencias son verbales, telefónicamente y en persona en Madrid”.

Compra sospechosa por medio millón de una empresa de productos de droguería. Hacienda también se detuvo en una empresa que Maxwell había comprado en diciembre de 2020, unos meses después de ganar casi dos millones por intermediar en la venta de mascarillas. Era propiedad de la esposa de Fernando Camino, el jefe de Quirón Prevención. Se llamaba Círculo de Belleza y se dedicaba a los productos de droguería y cosmética. Amador le cambió el nombre por Masterman & Whitaker. Pagó 499.836 euros por una compañía con un capital social de 3.000 euros. Hacienda le preguntó por esta operación. El empresario respondió que se trataba de “una apuesta”. PSOE y Más Madrid quieren que se investigue esta compra, al creer que se trata de “alguna clase de retribución” de Amador a Camino en agradecimiento por el pelotazo de las mascarillas.

La alegación de 2023 para evitar el juicio: “No era consciente de la gravedad de su situación”. Cuando González Amador conoció que Hacienda iba a presentar una propuesta de liquidación vinculada a delito, presentó varios escritos de alegaciones. En uno de ellos intentaba explicar que si no regularizó antes su situación fue porque, según su representante, “no era consciente de la gravedad de su situación”. González Amador alegó que si hubiera sabido que la inspección fiscal consideraba falsas y delictivas las facturas recibidas habría tenido tiempo “más que de sobra” para “regularizar voluntariamente el Impuesto de Sociedades desde mayo de 2022″ —aunque presentó la declaración con los datos falsos dos meses después—- “hasta octubre de 2022″ —cuando se le abrió la segunda inspección— “para regularizar voluntariamente el Impuesto de Sociedades de 2021″.

“No es un fraude sino un error de contabilización”. González Amador denominó a su supuesto fraude —incluir un gasto para pagar menos impuestos a sabiendas de que no se ha realizado— un “error de contabilización ajeno a cualquier intención dolosa”. Sin embargo, el servicio jurídico de la Agencia Tributaria elaboró su propio informe en el que determinó que “la conducta descubierta no es fruto de un mero error, sino de una conducta consciente, deliberada y claramente dolosa que amerita su reproche penal”. El pasado 24 de julio, cuando fue citado a declarar ante la juez instructora, su defensa intentó un acuerdo de conformidad donde el empresario admitía su culpa en la comisión de dos delitos fiscales, asumía el pago de una multa para rebajar su pena a ocho meses de cárcel y evitar así su entrada en prisión.

El abogado de González Amador: “Ciertamente se han cometidon dos delitos”. Tras 20 meses de respuestas imprecisas, el abogado que representa en ese momento a González Amador, Carlos Neira, remitió el 2 de febrero de 2024 un correo al fiscal encargado del caso, Julián Salto, donde reconoció la culpa: “Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”. Detalló la pena que su cliente estaba dispuesto a aceptar: ocho meses de cárcel (con lo que podría evitar la prisión), el abono de la cuota defraudada (350.951 euros), los intereses de demora y una sanción del 40% de lo debido a Hacienda, lo que sumaría 520.000 euros. Pero la causa todavía no estaba abierta en el juzgado. Cuando la Fiscalía envió su denuncia para reparto en Plaza de Castilla, al mes siguiente, el fiscal Salto recordó a González Amador que sería posible iniciar los trámites para un acuerdo de conformidad.

El jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, facilitó a los periodistas este correo electrónico, ocultando la existencia del anterior, del 2 de febrero, y añadiendo que “por órdenes de arriba” se había retirado esa oferta de acuerdo a González Amador en la que estaba interesada la Fiscalía. Cuando los periodistas preguntaron a la Fiscalía por la información que difundió el jefe de gabinete de Ayuso, el ministerio público emitió una nota para aclarar el estado del proceso, que desmentía el bulo de Miguel Ángel Rodríguez resumiendo las distintas fases del procedimiento. González Amador se querelló por una supuesta revelación de secretos de la Fiscalía que le causa indefensión y ha pedido la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El Tribunal Supremo deberá decidir si abre una investigación al fiscal general por informar sobre un procedimiento judicial para desmentir un bulo del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que incluía la filtración de un correo electrónico de la Fiscalía al abogado de González Amador.