El derecho al asilo se resquebraja en la Unión Europea

La Europa blindada por vallas y muros, que envía a los solicitantes de refugio a campos de internamiento fuera del territorio —para no verlos ni sentirlos— y que está centrada en cómo deportar más y mejor, va tomando forma. La Unión Europea resquebraja el derecho al asilo, uno de los valores en los que se asienta la fundación del bloque de hoy, nacido tras la Segunda Guerra Mundial.

Es un gesto político en un continente que, además, atraviesa un invierno demográfico y pierde capital humano y competitividad. No llega acompañado de una oleada migratoria que pone a prueba las costuras del sistema de acogida, como sucedió en 2015. Lo hace en un momento en el que las llegadas irregulares a la Unión —en media— han bajado, pero en el que la ultraderecha y los populismos antiinmigración se están haciendo fuertes y la derecha tradicional ha empezado a cabalgar la misma ola.

El jueves, en una cumbre clave para la política comunitaria de asilo, los líderes de los Veintisiete llamaron a considerar “nuevas medidas para prevenir y contrarrestar la inmigración irregular”. Un amplio cajón en el que muchos meten también la creación de centros de deportación en países extracomunitarios, a los que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen abrió la puerta con una carta enviada a los líderes en vísperas de la reunión y que la Italia de la ultraderechista Giorgia Meloni ya ha lanzado en Albania.

La jefa del Ejecutivo comunitario, que empieza en breve su segunda legislatura y que fue ratificada gracias a los votos de su familia política, la del Partido Popular Europeo, junto a socialdemócratas, liberales y Verdes, ha profundizado en el coqueteo con las posturas de extrema derecha y empieza a exhibir la que será la política migratoria que diseñe durante los próximos cinco años. La conservadora alemana ha anunciado una reforma de la regulación sobre deportaciones para endurecerla —como había reclamado una quincena de países— en la que, además, podría encajar una fórmula para abrir campos de expulsión fuera del territorio comunitario.

Es una idea que se desterró, por sus dudas legales, en 2018. Y que, ahora, se abre camino con el ejemplo del protocolo de Meloni en Albania, pese a que ha fracasado estrepitosamente en su lanzamiento esta semana. Precisamente, por problemas jurídicos. “El modelo italiano es un fiasco: es caro y logísticamente complicado. Pero da igual, es política y ha abierto una espita clave que otros, cada uno a su manera, quieren emprender”, dice una veterana fuente europea. De hecho, Países Bajos quiere explorar una vía aún más dura en Uganda, Dinamarca va a enviar a un centro en Kosovo a unos 300 reclusos extranjeros que cumplen condena en cárceles danesas y Albania asegura que otros países le han sondeado para imitar a Meloni.

Los Veintisiete han avalado el quiebre del derecho al asilo en la Unión Europea al justificar esta semana su suspensión en ciertas situaciones. Como la actual de Polonia. Su primer ministro, el conservador Donald Tusk (del Partido Popular Europeo, como Von der Leyen), denuncia que Rusia y Bielorrusia están empleando a los migrantes como armas enviándoles a cruzar la frontera para desestabilizar su país y toda la UE en otra forma de guerra híbrida, que ya se vio en 2021 en la frontera este y en los Bálticos. Tusk había anunciado días antes la suspensión del derecho al refugio —como hizo Finlandia hace meses de facto al cerrar sus fronteras con Rusia—. La Comisión no le ha reprendido y los líderes le han respaldado.

La lista del cambio de modelo se alarga solo unos meses después de que se aprobase el pacto migratorio, un conjunto de reglas que debe entrar en vigor a mediados de 2026 y que establece un reparto solidario de los solicitantes de asilo entre los Estados miembros, una vez que han llegado a territorio comunitario. Ahora, Bruselas trata de ahondar en las fórmulas para que no lleguen —como los acuerdos con países denunciados por vulnerar los derechos humanos, entre ellos Túnez o Egipto, para enviarles fondos a cambio de que controlen sus fronteras y frenen las salidas— y para facilitar su expulsión una vez que están en la Unión.

Von der Leyen se ha comprometido a revisar, de aquí al año que viene, el concepto de “terceros países seguros designados”; aquellos a los que se puede deportar a los solicitantes de asilo. La intención, explica una fuente diplomática, es elaborar una lista europea y que sea mucho más amplia que la que ahora tiene la mayoría de los países con el objetivo de aumentar el número de Estados a los que se puede deportar. No solo a sus propios ciudadanos, sino a otros solicitantes de asilo. “Hay migrantes que necesitan protección, somos perfectamente conscientes de ello, pero no es necesario que esa protección sea en Europa, sino que puede ser en países terceros seguros”, ha lanzado la presidenta de la Comisión Europea.

“Nos estamos dirigiendo innegablemente hacia una erosión del derecho de asilo tal como se ha entendido tradicionalmente, potencialmente incluso hacia su muerte”, remarca Iole Fontana, profesora de la Universidad de Catania y experta en migraciones, que ve un “cambio de paradigma”. En esa vía, la politóloga incluye los acuerdos con terceros países, la “instrumentalización” del concepto de “tercer país seguro” y la tendencia creciente a equiparar a los solicitantes de asilo con riesgos para la seguridad.

Lo que sobrevuela en Bruselas, lo que se respira y se comenta en varios Estados miembros, como Dinamarca —con un Gobierno de coalición liderado por los socialdemócratas, pero en el ala más dura en cuestiones migratorias— es que el derecho al asilo, recogido en la convención de Ginebra de la década de 1950 y en el derecho internacional y comunitario, es anacrónico. Que hay que reformarlo.

Nathalie Tocci, directora del Istituto di Affari Internazionali en Roma, cree que, con el debate de externalizar la política migratoria, la UE vive en una suerte de “día de la marmota”. El tema vuelve una y otra vez a la mesa, desde la idea de los centros de deportación (con el nombre que sea) a los acuerdos con países extracomunitarios, como el que se hizo con Turquía en 2016. “Hay una especie de perseverancia en un método que no parece funcionar, pero como no se nos ocurre una alternativa, porque no estamos abiertos a reconocer el hecho de que no es un problema que se pueda resolver delegándolo en terceros países, seguimos intentando lo mismo una y otra vez”, dice la experta.

Viraje a la derecha

Tocci enmarca la deriva de la política migratoria actual en el creciente giro a la derecha en el continente. En el Parlamento Europeo, en la Comisión, en el Consejo Europeo. Todo el espectro político se ha desplazado hacia la derecha, incluso algunos partidos socialdemócratas, como en Alemania, donde el debate migratorio se ha endurecido y se ha ordenado un cierre de fronteras del espacio Schengen, que se suma al de un buen número de Estados miembros y que, la mayoría de las veces con el argumento de preocupaciones de seguridad, puede dar un estacazo final a la libre circulación dentro del territorio comunitario. “Hace tiempo que la Europa de la acogida ha desaparecido. Pensemos en los cientos de miles que han muerto en el Mediterráneo tratando de llegar a la UE... Llevamos en una Europa hostil desde hace tiempo, pero ahora hemos visto que la tendencia se acelera”, señala Tocci.

La ultraderecha marca la agenda, pero lo cierto es que la inmensa mayoría de países apunta por endurecer, en general, las políticas migratorias. “Los líderes quieren mandar un mensaje de que tienen el control de las fronteras, de las llegadas; creen que si no no se garantizarán la confianza de la ciudadanía en el resto de asuntos”, apunta una alta fuente comunitaria. “Hay un claro cambio de discurso de un debate que es eminentemente político”, añade.

Un debate que lidera el ala dura contra la inmigración. Sobre todo la italiana Giorgia Meloni, líder de un partido de raíces fascistas. Sin embargo, su mensaje es el mismo —aunque con un tono diferente— que el que lleva lanzando años el nacionalpopulista Viktor Orbán. El jueves, justo antes de la cumbre, un cónclave dirigido por Italia, Países Bajos (con una coalición de gobierno liderada por la extrema derecha) y Dinamarca reunieron en la delegación italiana de Bruselas a Austria, Chipre, Polonia, la República Checa, Grecia, Hungría, Malta y Eslovaquia para hablar de inmigración. En ese desayuno también participó Von der Leyen. Los socialdemócratas y los Verdes cuestionaron el papel y la deriva de la alemana. “No está defendiendo la legislación europea ni haciendo que se ponga en marcha”, critica Bas Eickhout, colíder de los Verdes.

La línea dura migratoria, sin embargo, gana peso en toda la Unión. Salvo España, donde el presidente Pedro Sánchez ha clamado contra la indignidad de los campos de deportación como los de Albania —que en su momento puso de ejemplo también el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo—, los países que se ha mostrado escépticos con la fórmula lo han hecho por cuestiones económicas o logísticas. Es el caso del canciller alemán, Olaf Scholz.

“Lo que está sucediendo no solo erosiona el derecho a solicitar asilo —reducido a una concesión, y rehén de la lucha contra la migración irregular—, sino que también socava fundamentalmente los valores de la UE y su compromiso con los derechos humanos”, advierte Iole Fontana.