La pareja de Ayuso vuelve a los juzgados con la idea de evitar la cárcel

La pareja de Isabel Díaz Ayuso vuelve este lunes al Juzgado de instrucción número 19 de Madrid con la incógnita de su posible pacto para evitar la cárcel. Alberto González Amador está citado en Plaza de Castilla a las 10.00, la misma hora que sus cuatro presuntos cooperadores en el fraude fiscal de 350.951 euros. Lo previsible es que este mismo lunes se conozca su acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado, por el que aceptaría su culpabilidad a cambio de una rebaja de la pena de prisión a menos de 24 meses, para de este modo librarse de estar entre rejas. La alternativa de pelear por su inocencia, yendo a juicio, es poco probable porque las pruebas que recabó la inspección de Hacienda son palmarias.

Este regreso de González Amador a los juzgados se produce tras protagonizar el 20 de mayo un extraño episodio para evitar que los medios de comunicación captaran su imagen. Ese día estaba citado por primera vez en este caso, pero para evitar ser visto, permaneció tras el fin de la sesión durante tres horas por los juzgados, adonde acudió con un aspecto casi irreconocible y con una peluca gris. Aquel día la jueza María Inmaculada Iglesias suspendió las declaraciones porque fue imposible localizar al presunto colaborador mexicano, Maximiliano Niederer, y tampoco se tramitó la declaración por videoconferencia desde Sevilla para los otros tres imputados, residentes en el municipio de Arahal. Sí dio tiempo a que González Amador transmitiera a la jueza su voluntad de alcanzar el pacto de conformidad penal.

Si los imputados llegan a ese acuerdo este lunes, ni siquiera tendrán que declarar, explican fuentes jurídicas. Las partes comunicarían a la jueza el pacto y el asunto se resolvería rápidamente, aunque la jueza de instrucción no puede dictar sentencia. Esa tarea correspondería a un juez distinto en un día posterior. Un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Madrid informa de que en este caso sería competente la Audiencia Provincial de Madrid. Ese juicio sería exprés ya que no hace falta practicar prueba alguna, explica el presidente de la Unión Progresista de Fiscales, Jesús Arteaga. “Lo normal es que se junte en un mismo día con más conformidades y que se despache rápidamente”.

Al empresario pareja de la presidenta madrileña se le acusa de dos delitos de fraude fiscal —en la declaración del impuesto de sociedades de 2020 y 2021—con penas de uno a cinco años de cárcel y de multa de entre el 100% y el 600% de la cuantía defraudada, y otro de falsificación de documentos mercantiles —entre seis meses y tres años así como una multa de seis a doce meses (según el sistema de días-multa, la cuantía dependerá de los ingresos del condenado)—.

Para llegar a un acuerdo, las partes tienen que pactar el alcance de la multa y la pena de prisión. Ya hemos conocido el punto de partida de González Amador en esta negociación, que venía contenido en un correo del 2 de febrero enviado por su abogado al fiscal. La pareja de Ayuso reconoció entonces que “ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública” y añadió la pena que estaba dispuesto a aceptar: ocho meses de cárcel, el abono de la cuota defraudada (350.951 euros), los intereses de demora y una sanción del 40% de lo debido a Hacienda, lo que sumaría 520.000 euros.

Es improbable que la rebaja de la multa sea hasta el 40% de lo defraudado, explica el portavoz del sindicato Gestha de Técnicos de Hacienda, José María Mollinedo. Esto se debe a que lo común es que en sede judicial no se impone una multa menor a la que hubiera pagado si el caso se hubiera resuelto ante Hacienda.

En ese supuesto, la sanción administrativa hubiera sido del 52,5% según los cálculos de Mollinedo. Esto es 184.249,49 euros, que habría que sumar a la cuantía defraudada (350.951 euros) y los intereses de demora (28.852 euros). En total: 564.052 euros.

Mollinedo cree que González Amador tiene una baza negociadora para obtener una rebaja considerable: la posible retirada de la querella por revelación de secretos que él ha presentado contra dos fiscales involucrados en la nota de prensa que la Fiscalía envió el 13 de marzo para aclarar un bulo que estaba promoviendo la Comunidad de Madrid. “Nadie tiene la bola mágica, pero yo siempre pienso en la postura más razonable. Para mí sería lo lógico”.

Sin embargo, Ayuso tiene un alto interés en mantener esa querella porque aumenta la presión contra el Gobierno de Pedro Sánchez y refuerza su narrativa victimista. Además, espera que este caso suponga la dimisión del fiscal general, Álvaro García, aunque este ha dicho en reiteradas ocasiones que no piensa renunciar.

El miércoles, Ayuso insistió en ese relato de persecución política en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. “Él se está defendiendo solo, pagándole de su bolsillo. Es un ciudadano que se está defendiendo con todo a la contra. Si no fuera mi pareja, no hubiera llegado hasta aquí. Se hubiera quedado en Hacienda, como la inmensa mayoría de las inspecciones como la suya”.

Sin embargo, lo cierto es que la inspección que se practicó a su pareja no era una inspección cualquiera. La Agencia Tributaria inspeccionó en 2022 a casi 29.000 contribuyentes, pero solo denunció ante la Fiscalía 184 casos, que son los más graves y entre los que se encuentra González Amador, tal y como contó elDiario.es el 24 de marzo.

Aunque el Gobierno de Ayuso ha difundido la idea de que este asunto se podía haber resuelto extrajudicialmente, la verdad es que cuando la cuantía defraudada es superior a 120.000 euros y existe dolo, como es el caso, no cabe esa posibilidad. Es en sede judicial donde debe pactarse este acuerdo, como probablemente ocurrirá este lunes.

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