Los juristas del informe de Sumar: “El Código Penal no sufriría con la amnistía: existiría un momento de paz tras mucho conflicto”
Los expertos en derecho penal que han participado y avalado el dictamen defienden el encaje constitucional de la medida de gracia a los encausados del ‘procés’
Sumar ha presentado este martes en el Ateneo de Barcelona el dictamen encargado a los juristas en favor de la amnistía, de unas 40 páginas, que se ha convertido en una defensa del perdón a los encausados del procés como fórmula para desbloquear el conflicto soberanista en Cataluña y allanar el camino a la reedición del Gobierno de coalición. Con la presencia en primera fila del público de la vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz, que no ha intervenido, Nicolás García Rivas, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha y coordinador del dictamen, ha defendido el encaje constitucional de la medida. “Los autores del dictamen creemos que todo eso podría ser amnistiado y no sufriría el derecho penal español en absoluto. Existiría un momento de paz después de un momento de mucho conflicto. El conflicto político se puede resolver políticamente”, ha rematado.
Bajo el lema Amnistía. Una oportunidad para avanzar, Sumar ha reunido a unas 200 personas en un auditorio que se ha quedado pequeño. García Rivas y otros ponentes en una tertulia posterior han sostenido que el hecho de que la Constitución no prohíba expresamente la amnistía no quiere decir que no se pueda legislar de la misma forma, por ejemplo, que la eutanasia no está recogida en la Constitución. El catedrático ha apuntado que el “ánimo de reivindicar el derecho de autodeterminación de Cataluña” constituye el “punto de apoyo fundamental” de su propuesta. “Sabemos que ese derecho no es constitucionalmente admisible ahora mismo, pero sí es posible reivindicarlo. Nuestra democracia no es militante, no obliga a asumir todos y cada uno de los postulados de la Constitución, se puede opinar diferente”, ha sostenido.
El jurista ha revelado que fue Jaume Asens, jurista y exdiputado, quien a final de julio le encargó el dictamen, y ha señalado que pueden ser amnistiables un “abanico amplio de delitos” como son aquellos contra la Constitución, el orden público, la administración de justicia, la administración pública y la desobediencia, entre otros, y que en ningún caso iría en perjuicio del derecho penal vigente. Paralelamente, ha argumentado que la mayoría de países europeos contemplan la amnistía en sus constituciones y que la alemana no la recoge, pero su tribunal constitucional ha apuntalado la medida con sus sentencias.
Ausencia de partidos independentistas
Sumar ha congregado a simpatizantes de los comunes y de formaciones de izquierda, pero no ha logrado atraer a ningún representante de otros partidos, como el PSC o ERC, que han recibido todo el debate con frialdad. Joaquim Forn, exconsejero indultado, ha acudido aunque es también miembro de la junta de Òmnium Cultural. Asens, mediador en las negociaciones con Junts y ERC, ha partido de la premisa de que el documento no es el punto final de nada, sino que está abierto a modificaciones. “La amnistía es la oportunidad de poner el contador a cero, pasar páginas y curar heridas a un lado y otro lado. Si perdemos esta oportunidad histórica, se la daremos a la derecha y a la extrema derecha”, ha afirmado señalando que la amnistía no es una simple “moneda de cambio” para la investidura. “Tiene que ser un acuerdo para mirar el futuro”, ha afirmado abogando por blindar las negociaciones y superar la competencia entre partidos.
El dictamen, que según fuentes de la formación pretende ser una “aportación” para ayudar a lograr un “acuerdo amplio” y plantea una amnistía “para la reconciliación”, excluye los casos de corrupción y vulneración de derechos humanos y sugiere que la aplicación de la norma afecte a todos los hechos que hayan tenido por finalidad la reivindicación del derecho de autodeterminación en Cataluña desde enero de 2013 —abarcando las consecuencias penales en las que derivó la consulta del 9 de noviembre de 2014 y el referéndum del 1 de octubre de 2017— hasta agosto de 2023, cuando se constituyeron las Cortes esta legislatura. El texto también contempla dejar sin efecto las cargas policiales del 1-O, salvo las que supongan graves vulneraciones de derechos humanos, no amnistiables por el derecho internacional. Según se deduce del informe, tanto la expresidenta del Parlament, Laura Borrás, como el expresident Jordi Pujol quedarían fuera del alcance de la ley.
Los ponentes han puesto el acento en la necesidad de desgranar en la exposición de motivos la necesidad de explicar por qué es necesaria la amnistía. Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional y exmagistrado del Tribunal Constitucional, ha sostenido que la excepcionalidad se explica porque los tribunales actuaron contra determinadas personas de forma desproporcional por su ideología. “Lo que hace la amnistía es devolver la igualdad”, ha afirmado. “La amnistía no es un favor a los independentistas, tampoco es un veto a los independentistas, es volver a llevar al terreno de la política lo que los jueces sacaron del terreno de la política”. Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional, ha abundado en la misma línea: “Aquí no hay ningún problema. El legislador tiene libertad absoluta”.
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